El sistema carcelario argentino enfrenta a un desafío sin precedentes: mientras la pandemia del Covid-19 hace estragos en prácticamente todo el mundo, las cárceles argentinas son aún tierra virgen. No tienen infectados ni tampoco casos sospechosos. Sin embargo, los problemas estructurales históricos como la superpoblación, la falta de condiciones sanitarias adecuadas y el temor por los reclusos de riesgo, ya sea por edad o por problemas de salud, convierten a los penales en una auténtica bomba sanitaria.
El Equipo de investigación de Perfil Educación reconstruyó cómo se intenta impedir que el coronavirus ingrese a las cárceles a través de una serie de medidas impulsadas tanto por el Servicio Penitenciario Federal (SPF) como el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) para proteger a los reclusos desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el coronavirus ya era una pandemia.
Tal como reveló el Equipo de Investigación por temor al contagio en las últimas semanas aumentaron los pedidos para obtener prisión domiciliaria de diversos internos: desde exrepresores acusados de crímenes durante la dictadura, narcotraficantes, violadores y también hubo presentaciones ante la justicia de varios exfuncionarios kirhchneristas acusados de corrupción que permitieron que el expiquetero Luis D´Elía y el exvicepresidente Amado Boudou consiguieron el beneficio en los últimos días. Sin embargo, este último no forma parte de la población de riesgo.
En el Servicio Penitenciario Federal, por ejemplo, se creó un Comité de Crisis para la prevención, detección y asistencia ante el brote epidemiológico que lo integran el titular de la Dirección General de Régimen Correccional, la Dirección de Secretaría General, la Dirección de Sanidad, la dirección de Recursos Humanos, el departamento de informática, la Dirección General de Administración (todas áreas del SPF).
Se dispusieron dos sectores de aislamiento en dos unidades del SPF para casos sospechosos. Se proveyó de cartelería informativa para internos como para agentes sobre las de medidas de higiene. Desde entonces, las áreas de sanidad de cada unidad o complejo, tienen que confeccionar un informe de los detenidos que pertenezcan a algún grupo de riesgo. Además monitorean que se ventilen los espacios de alojamiento, se realice la higiene de los sectores, higiene de manos, y todo lo que se pueda ayudar a la prevención. Esto incluye al personal penitenciario.
Las autoridades carcelarias tabién elaboraron un protocolo para tipificar qué es un casos sospechoso: en el SPF explican que se extiende a todo paciente con fiebre, más síntomas respiratorios que presente historial de viaje al exterior (extradiciones) y/o contacto con casos confirmados o probables de Covid-19 en los últimos 14 días.
También debe considerarse caso sospechoso a todo paciente con enfermedad respiratoria aguda o grave que requiera asistencia respiratoria mecánica debido a su cuadro respiratorio, y sin otra etiología que explique el cuadro clínico. En estos casos los detenidos deben ser trasladados de urgencia al sector de aislamiento. Además, el procedimiento estipula que el recluso deberá usar barbijo quirúrgico y deberá ser trasladado por profesional de la salud con el adecuado equipo de protección personal. Hasta ahora solo tuvieron dos falsas alarmas de dos ingresos poco antes de iniciada la cuarentena.
El personal que asiste a los casos sospechosos debe aplicar las medidas habituales de prevención y precaución estándar, de contacto y para transmisión por gota: todos los elementos de protección personal (guantes, barbijos, protección ocular, etc). Una vez utilizados, los mismos deberán ser descartados como residuos patológicos.
En las cárceles bonaerenses, los presos fabrican barbijos y kits sanitarios
El traslado para aislamiento sanitario se efectuará: en el ámbito de la zona metropolitana, están el Complejo 1 de Ezeiza, en la cárcel de Devoto, en el Centro de Enfermedades Infecciosas (U.21), y en el interior del país, a la red de hospitales públicos.
Una vez otorgada el alta médica, el interno ingresará al establecimiento penitenciario, donde continuará bajo control médico. Sin embargo, según pudo averiguar el Equipo de Investigación las condiciones a las que se expondrá a los internos no serán las mejores: las cárceles poseen problemas a la hora de conseguir insumos y gestionar los recursos. Además, por los efectos de la cuarentena, se redujo el personal administrativo operativo.
El impacto del Coronavirus también obligó al SPF y al SPB a tomar medidas polémicas: a raíz del aumento de las solicitudes de informes por parte de las autoridades judiciales, respecto a condiciones de detención de internos que puedan acceder a un arresto domiciliario, se pidió el beneficio para los reclusos con penas menores a cinco años, internos que estén transitando el último tercio de su condena e internos que tengan beneficios de salida laboral y/o transitoria, que resta la definición de la Justicia. En las últimas horas la Cámara Federal de Casación Penal recibió 109 pedidos de detención domiciliaria y ceses de prisiones preventivas, aunque el 70% fue denegado.
Protocolo para el uso de celulares en unidades penitenciarias
La catarata de pedidos de prisión domiciliaria desnudó otro problema: en la Provincia de Buenos Aires no hay suficientes tobilleras con GPS (el método más efectivo) para monitorear que los reclusos cumplan la restricción de trasladarse fuera de su domicilio. Según el SPB hay un stock de 2000 tobilleras, las que se encuentran totalmente ocupadas. Por esta situación se gestionó una compra de 3 mil más, aunque aún no se han entregado. El Equipo de Investigación consultó al ministerio de Justicia sobre esta situación a nivel nacional aunque no obtuvo respuesta.
En las cárceles de la Provincia de Buenos Aires también tomaron medidas: el ministro de Justicia y Derechos Humanos Julio Alak convocó a diversos profesionales de la salud para determinar la manera de abordar el virus en las prisiones. En ese marco, Alak aseguró que se cumple estrictamente con el protocolo de ingreso, se reforzó la entrega de insumos, se suspendieron las visitas a solicitud de los propios internos, se suspendieron talleres y se autorizó el uso de celulares en algunas unidades.
La medida, que siempre estuvo prohibido en el ámbito carcelario, medida que también despertó polémica. Según el documento al que el Equipo de Investigación accedió, la decisión "tiene como objetivo esencial facilitarle a la población privada de la libertad, el contacto con sus familiares y afectos, su desarrollo educativo y cultural y el acceso a información relativa a su situación procesal".
Sin embargo la medida ya tuvo su primer incidente: el domingo 5 de abril, la diputada provincial Carolina Píparo denunció que fue amenazada por Carlos "Carlin" Romero, nada menos que el delincuente que asesinó al hijo que gestaba al balearla en una salvaje salidera bancaria en la ciudad de La Plata.
Esto me escribe el hombre que asesinó a mi hijo el día que liberan el uso de celulares y redes. Que pensaron que iban a hacer? Llamar a la abuela? pic.twitter.com/NU3hdVwOKG
— Carolina Piparo (@CarolinaPiparo) April 5, 2020
Esto motivó que tanto diputados del Bloque del Pro sacaran un comunicado en apoyo como familiares de víctimas de femicidio y otros crímenes se expresaran en contra de una resolución en la que, aseguran, se ofrecen beneficios a las personas privadas de su libertad, incluso algunos pertenecientes al Observatorio de Víctimas de Delitos. En las últimas horas enviaron una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Eduardo Néstor de Lázzari. Según indicó el SPB, el asesino del hijo de la legisladora tenía el aparato "en forma ilegal" y se realizó una denuncia ante la Fiscalía 8.
En paralelo, y para evitar posibles desbordes como los ocurridos estos días en las cárceles de Santa Fe, las autoridades penitenciarias comenzaron a implementar un novedoso sistema de videollamadas de 20 minutos para que los internos puedan conectarse con su familia.
En la primera etapa se realizaron pruebas en las cárceles de Olmos, La Plata, Batán, Florencio Varela, Campana, Dolores, La Matanza, General Alvear, Barker, Bahía Blanca, Saavedra, Junín, Trenque Lauquen, San Nicolás y Sierra Chica. En los próximos días se sumarán los penales de San Martín, Urdampilleta y Magdalena. Además se puso en práctica el programa de Mesas de Mediaciones, en donde mediadores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos están abocados a solucionar conflictos y evitar repetir lo que ocurrió en las cárceles santafesinas, en donde hubo varios muertos.
En los últimos días 18 internos de la Unidad 42 de Florencio Varela crearon y construyeron en conjunto con agentes penitenciarios cabinas de desinfección, una estructura metálica de un metro de ancho y largo y de 2,10 metros de alto, cubierta con nylon y que en la parte superior tiene un pulverizador de un líquido desinfectante. Es de aplicación para los agentes que cumplen funciones en la Sección de Vigilancia y Tratamiento, es decir, para los que trabajan en contacto directo con los privados de libertad dentro del penal.
Entre otras medidas, como charlas y contención psicológica , se sumaron compras urgentes de barbijos, guantes, jabones, alcohol en gel, lavandina, elementos de protección para los médicos de los penales. Hay 23.500 personas que trabajan allí entre guardiacárceles, personal administrativo, entre otros. Según pudo averiguar el Equipo de Investigación, en varios penales bonaerenses hubo faltantes de productos de higiene y limpieza cuyos destinatarios deberían ser los propios internos.
El mayor temor de contagio está sobre los presos de más de 65 años, que son 644 y los enfermos con patologías de alto riesgo, 2468. Dentro de este último grupo están los que tienen tuberculosis (233), SIDA (476) y diabetes I y II (809). También, los 950 internos que tienen las siguientes patologías: enfermedades respiratorias tales como neumonía y EPOC, cáncer y afecciones que requieren diálisis. Las madres con niños y bebés dentro de las cárceles son 58 y las embarazadas, 20.
Durante la última semana, según confirmo el procurador general de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, alrededor de 800 presos bonaerenses fueron beneficiados con la excarcelación o el arresto domiciliario. Esto fue en base a los pedidos que realizaron los defensores oficiales ante la justicia penal de la provincia.
La superpoblación es el talón de aquiles de las medidas que se están llevando a cabo mientras continúa el aislamiento preventivo y obligatorio. En el SPF, por ejemplo, según su Departamento de Estadística, Censo e Investigación Operativa alojan a 13.551 reclusos, de lo cuales 8.242 se encuentran en la zona metropolitana y 5.309 en el resto del país. Está con su capacidad en un 106,75%, es decir, tiene alojadas casi 900 personas de más (6,75%).
En el SPB la situación es más dramática: actualmente el sistema cuenta con sólo 24 mil plazas y aloja a 44.706 internos en cárceles y a 4.100 en comisarías; en tanto 1.907 están con monitoreo electrónico, lo que genera un total de 50.703 personas prisionizadas. El Servicio Penitenciario Federal tiene bajo su control 33 cárceles en prácticamente todo el país. Sin embargo, la jurisdicción que más prisiones tiene es la provincia de Buenos Aires con 54, según informa el Servicio Penitenciario Bonaerense.
Motines y reclamos por protección contra el coronavirus
en cárceles de Santa Fe y Bs. As.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quien anualmente denuncia el estado del sistema carcelario argentino, explicó en un comunicado días atrás que la situación de superpoblación es de gravedad, ya que “Las recomendaciones de los expertos en salud penitenciaria dicen que los lugares con más del 75% de ocupación ya son muy difíciles de controlar ante epidemias”.
La situación de los reclusos en medio de la pandemia fue un tema que despertó preocupación en todo el mundo. En Italia, uno de los principales focos del Covd-19, se desató en las últimas semanas una crisis sin precedentes. En los últimos días estallaron varios motines que dejaron 11 muertos. En España una interna de 78 años de la prisión de Estremera (Madrid), con patologías previas, murió en el hospital al que fue trasladada tras sufrir una crisis respiratoria. Según informó el diario El País “están en observación o cuarentena más de 225 funcionarios y casi 125 internos. Los sindicatos de funcionarios de prisiones elevan esta última cifra a más de doble”.
En Gran Bretaña el gobierno analiza transformar edificios oficiales en prisiones y liberar a presos de bajo riesgo. Los prisioneros deben estar encerrados en sus celdas 23 horas al día y solo tienen permitido salir para tomar una ducha, usar el teléfono si no tienen en su celda o hacer ejercicios. Al menos 27 presos han tenido tests positivos en 14 prisiones en el reino. La madre de Julian Assange, Christine, inició una campaña por Twitter para que lo liberen ya que permanece con prisión preventiva en la prisión de Belmarsh con una afección pulmonar crónica que lo coloca como población de riesgo. El periodista de la BBC Danny Shaw denunció que un cuarto del personal carcelario está infectado de Covid-19.
En Estados Unidos la situación en sus cárceles ya es grave: se registraron casos positivos de Covid-19 en 10 cárceles, que afectan a 22 trabajadores y a cuatro reclusos. En los primeros tres días de la evaluación de las condiciones de salud del personal, 170 trabajadores tuvieron temperaturas y se les prohibió el ingreso. Por eso, en California anunciaron que se le otorgará la libertad anticipada a 3.500 reclusos.
En Colombia se decretó la emergencia carcelaria y en revueltas hubo al menos 23 presos muertos y más de 80 heridos. Sin casos de Covid-19, se estudia la posibilidad de otorgar detención domiciliaria a mayores de 60 años (que no estén condenados por delitos graves), personas enfermas, madres gestantes, que ya tengan permiso de salida por 72 horas.
El temor a un contagio masivo trajo decisiones impensadas en el interior de las cárceles: los propios internos piden no tener visitas. Cerca del 85 por ciento de la población carcelaria decidió no recibir a sus familiares en los próximos fines de semanas, lo que representa el 85% del total de detenidos en las prisiones bonaerenses. Mientras en -prácticamente- las cárceles de todo el mundo sufren los efectos del Covid-19, en Argentina no hay casos. Sin embargo las debilidades estructurales históricas que poseen advierten que de desatarse una crisis allí, podrían llegar a convertirse una bomba sanitaria.
El Equipo de Investigación es dirigido por Rodrigo Lloret y está integrado por los mejores egresados del Posgrado en Periodismo de Investigacion y la Escuela de Comunicación de Perfil Educación.
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